España está afrontando una curva preocupante en el auto-empleo. Según datos recientes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), entre 2021 y 2025 tres de cada cuatro nuevos autónomos —alrededor del 75 %— han optado por inscribirse como autónomo societario. Esta transformación no es un mero cambio de formato: es una señal de alerta sobre un sistema que falla al que emprende.
La diferencia clave entre el autónomo persona física y el societario radica en dos factores fundamentales: responsabilidad patrimonial y tratamiento fiscal. El autónomo persona física responde ante sus deudas con TODO su patrimonio; que el negocio fracase implica ruina personal. El societario, en cambio, limita la responsabilidad al patrimonio de la sociedad. Esto ya dice mucho del miedo que hoy acompaña al emprendimiento en España.
Pero también entra en juego la fiscalidad: el societario tributa por el Impuesto sobre Sociedades (IS), lo que permite tipos reducidos, mientras que la persona física lo hace por el IRPF, que en tramos altos es más gravoso. Este incentivo fiscal convierte la sociedad en la opción preferida. Y no por ganas, sino por necesidad.
Para muchos profesionales mayores, para quienes emprendían con ilusión tras años de experiencia y deseo de continuidad laboral, esta situación supone una doble injusticia: deben cambiar de figura legal simplemente para tener una oportunidad digna de seguir activos. ¿Qué mensaje le da eso a quien lleva toda la vida trabajando?
Desde Tercera Edad en Acción, partido político comprometido con la dignidad del trabajo autónomo y la protección social de los mayores, lo decimos sin ambages: emprender no puede suponer perderlo todo o convertirse en una ruleta de riesgos para el patrimonio personal.
Por ello proponemos medidas urgentes:
Que se garantice al autónomo igualdad de protección social y contribuciones razonables, sin que tenga que esconderse tras una sociedad para sobrevivir.
Que la fiscalidad se reoriente para que emprender no dependa de elegir “societario o ruina”.
Que existan programas de formación y asesoramiento para emprendedores mayores, que buscan reincorporarse o reinventarse, sin verse penalizados por la estructura legal en la que se enmarcan.
España no puede permitirse que su tejido emprendedor se transforme en una carrera de obstáculos. Y mucho menos que los autónomos mayors, que aún desean mantenerse activos y aportar, se vean atrapados en figuras jurídicas por obligación.
En Tercera Edad en Acción defendemos a los que trabajan, crean, emprenden.
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