Mientras España profesa orgullo por su Estado del bienestar, un dato escandaloso nos devuelve a la cruda realidad: en Murcia el tiempo medio para tramitar una prestación por dependencia alcanza los 563 días: más de un año y medio de espera para personas que ya sufren vulnerabilidad.
Este retraso no es una simple estadística: son vidas contenidas, cuidados demorados, familias agotadas. La salud, la dignidad y el cuidado no pueden permitirse el lujo del olvido institucional.
Los datos hablan por sí solos:
En España, hay 174.406 personas en la lista de espera del sistema de dependencia.
El retraso promedio para tramitación nacional ronda los 349 días, pero en Murcia se eleva hasta 563 días.
El Ministerio de Derechos Sociales identifica un “cuello de botella” en la valoración del grado de dependencia —una etapa decisiva del proceso, competencia de las comunidades autónomas.
En la Región de Murcia se atribuyen muertes sin recibir ayuda: en 2025, 712 personas fallecieron mientras esperaban prestaciones del sistema. Este retraso no afecta por igual: el rostro de la dependencia es profundamente femenino. En Murcia, como en el resto del país, la mayoría de solicitantes y cuidadores no profesionales son mujeres mayores.
Detrás de cada expediente, hay una persona que transita por la angustia de la espera, rodeada de necesidades esenciales sin respuesta: atención domiciliaria, ayudas técnicas, apoyo psicológico, cuidados básicos. Un retraso de casi dos años no es accidental, es una decisión colectiva por omisión.
La dependencia no debe ser una carga que soporten los más débiles
Cuando un sistema de derechos sociales responde con pasividad, horroriza comprobar que la burocracia se convierte en obstáculo letal. El Estado no puede mirar hacia otro lado cuando quienes más sufren —personas mayores con dependencia, familiares cuidadores— quedan atrapados en trámites interminables.
El argumento técnico del “cuello de botella” no basta. Si la valoración es competencia autonómica, debe haber control estatal de cumplimiento, sanciones por incumplimientos sistemáticos y mecanismos que garanticen que el derecho no dependa del azar administrativo.
Este drama no se reduce a una responsabilidad regional: es una falla estructural. No es suficiente reducir la lista de espera si el tiempo de respuesta sigue siendo inaceptable. No basta con cifras óptimas si detrás hay vidas que se consumen sin asistencia. No queremos un sistema que reconozca derechos de palabra: queremos uno que los efectúe con velocidad y justicia.
Como partido comprometido con los derechos reales de las personas mayores y dependientes, proponemos un plan transformador, basado en coordinación estatal, recursos y participación:
- Oficina central de garantía del derecho a la dependencia
- Crear una entidad estatal independiente (adscrita al Ministerio de Derechos Sociales) que supervise y audite los tiempos de tramitación en cada autonomía.
- Publicación trimestral de rankings regionales de cumplimiento (solicitud → valoración → prestación) para ajustar lo que se requiera con aquellos gobiernos incumplidores.
- Fondos especiales para acelerar valoraciones
- Constituir un Fondo Nacional de Valoraciones de Dependencia con aportaciones estatales suplementarias (5–7 % por encima del presupuesto sanitario-social general) exclusivamente destinadas a personal evaluador, formación y digitalización.
- Incentivar residencias y servicios regionales eficientes con bonificaciones si logran reducir sus tiempos por debajo de la media nacional.
- Unidades móviles de valoración y “expedientes exprés”
- Desplegar equipos itinerantes de evaluación (terapeutas, trabajadoras sociales, médicos) en zonas rurales o saturadas para incrementar capacidad extracaupilar.
- Establecer “paquetes exprés” donde expedientes con perfiles moderados-graves sean atendidos en un máximo de 90 días mediante priorización técnica.
- Digitalización y simplificación administrativa
- Plataforma unificada digital de dependencia donde el solicitante pueda seguir el estado de su expediente, recibir alertas y comunicarse con su evaluador asignado.
- Automatización de documentación redundante, conexión directa con servicios sociales municipales y sanitarios, y fusión de trámites duplicados.
- Participación ciudadana y reparación
- Crear Consejos regionales de la dependencia con representantes de usuarios, asociaciones de mayores y profesionales para auditar la gestión.
- Para cada expediente que exceda un plazo legal injustificado, asignar compensaciones: prioridad en servicios, ayudas suplementarias, atención psicológica, recursos asistenciales extras.
- Formación, estabilidad y dignidad para profesionales
- Dotar plantillas suficientes de valoradores (terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadoras sociales) con condiciones laborales dignas y planes de carrera.
- Programas de formación continua en criterios de evaluación, equidad territorial y atención centrada en la persona.
La dependencia no puede seguir siendo una promesa incumplida. En Murcia se ha demostrado que el sistema colapsa, falla y olvida. Aquí y ahora debemos revertir esa dinámica: si quienes necesitan ayuda quedan a la espera, es responsabilidad política colectiva.
En Tercera Edad en Acción proponemos un nuevo pacto de la dependencia: con recursos, velocidad, transparencia y dignidad. Pero una propuesta no basta sin el respaldo popular. Necesitamos tu voz, tu compromiso.
Únete al partido. Lucha para que el derecho a recibir ayuda no sea una espera mortal. Exige que la dependencia funcione con eficacia, no con olvido. Vamos juntos a reconstruir un Estado social al servicio de quienes más lo necesitan.
