La situación de las listas de espera en la sanidad pública vuelve a situarse en el centro del debate, esta vez a partir de una propuesta impulsada por quienes mejor conocen el sistema: los profesionales jubilados del Servicio Andaluz de Salud. Su diagnóstico es claro y directo: los recursos existentes no se están utilizando de forma eficiente.
Entre las medidas planteadas, destaca la necesidad de mantener la actividad asistencial por las tardes en los hospitales, incluyendo consultas, pruebas diagnósticas y cirugía. Una propuesta que pone sobre la mesa una cuestión clave: si existen infraestructuras, equipamiento y demanda asistencial, ¿por qué no se están aprovechando al máximo?
Más allá de esta medida concreta, el documento señala problemas estructurales que afectan al conjunto del sistema. La gestión de las listas de espera, por ejemplo, debería basarse en criterios clínicos y no únicamente en el orden de solicitud. Asimismo, se propone mejorar la organización de los quirófanos, aplicar planes de choque efectivos y establecer mecanismos de seguimiento que garanticen resultados medibles.
El análisis también apunta a carencias en Atención Primaria, considerada el pilar fundamental del sistema sanitario. Se propone destinar al menos un 25% del presupuesto sanitario a este nivel asistencial, así como reducir la carga administrativa y mejorar las ratios de profesionales por paciente.
En paralelo, se reconoce la necesidad de reforzar las plantillas. Solo en Andalucía se estima que harían falta 18.000 profesionales adicionales para alcanzar niveles adecuados, en un contexto marcado por la alta temporalidad y la precariedad laboral.
Desde Tercera Edad en Acción consideramos que este tipo de propuestas evidencian que el problema no es exclusivamente presupuestario, sino de gestión y planificación. La sanidad pública necesita reformas estructurales, una mejor organización de los recursos existentes y una visión a largo plazo que priorice la eficiencia sin perder calidad asistencial.
Las soluciones están identificadas. La cuestión es si existe la voluntad política para aplicarlas.
