En julio de 2025, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que obliga a celebrar al menos un debate electoral en medios de titularidad pública en cada campaña electoral ([El País][1]). Este cambio supone una novedad significativa en la práctica política española.
El artículo 66 de la LOREG se reforma para que todos los candidatos con representación previa o al menos un 5 % de votos sean invitados. La participación se considera obligatoria, salvo causa justificada evaluada por la Junta Electoral Central, que en caso de ausencia injustificada obliga al medio a informar sobre ello. No se establecen sanciones formales. Se trata de aumentar la transparencia, pero sin mecanismos coercitivos contundentes
Esto plantea una reflexión esencial: imponer debates puede enriquecer el debate público, pero no convierte automáticamente a los ciudadanos en actores políticos con poder real. La simple exposición mediática no sustituye una democracia participativa auténtica.
Desde Tercera Edad en Acción reflexionamos que, si bien estos avances son bienvenidos, no son suficientes. Defendemos:
- Consultas vinculantes para decisiones clave.
- Mecanismos digitales que permitan la deliberación ciudadana real.
- Transparencia no solo en los debates, sino también en los resultados y en quién tiene la última palabra.
Poner a los candidatos frente a un micrófono es útil. Pero una democracia plena exige que los ciudadanos también tengan voz y voto activo en las decisiones que afectan sus vidas.
Un debate obligatorio es un buen inicio, pero no puede ser el fin
