Cuando el turista se convierte en inquilino: ¿quién decide sobre tu hogar?

El verano llega y con él millones de visitantes a ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga. Pero mientras el turismo rebota, para muchos residentes la crisis habitacional se ha vuelto insoportable. La retirada de más de 65 000 anuncios ilegales de Airbnb y la identificación de otros 55 000 sin licencia manifiesta un hecho contundente: el acceso a la vivienda está en juego.

¿Qué ha hecho el Gobierno?
Con reformas desde enero hasta julio de 2025, se han impuesto multas vinculantes de hasta 600 000 € para propiedades sin registro y se ha prohibido asumir nuevos pisos turísticos en zonas saturadas como Málaga, Alicante o Barcelona. Las comunidades pueden vetar hasta el 60 % de propietarios de un bloque.

Pero… ¿y los vecinos?
Hasta ahora, quienes viven en esos barrios no tienen voz directa en las decisiones. Es el modelo tradicional: leyes diseñadas en despachos y aplicadas desde arriba. Puede parecer funcional, pero deja fuera a quienes sufren las consecuencias del turismo masivo: alquileres que suben hasta un 80 % en apenas 10 años, barrios vacíos fuera de temporada e imposibilidad de vivienda para trabajadores esenciales.

¿Resolveremos la crisis simplemente regulando plataformas y castigando listados? La respuesta es no. Hace falta algo más profundo: recuperar la capacidad de decidir para quienes viven allí. Si una comunidad vota que no quiere más pisos turísticos, esa decisión debería ser vinculante. No basta con leyes, debe haber consultas que empoderen a las personas.

En Tercera Edad en Acción creemos que:

  • Cada distrito, cada barrio, debe poder realizar consultas vinculantes sobre alquiler turístico y vivienda.
  • La vivienda debe proteger el derecho fundamental de vivir cerca de tu trabajo y tu familia.
  • No queremos prohibir el turismo, pero sí queremos equilibrarlo con la dignidad de quienes residen.

La política debe dejar de ser diseñada por quienes viven lejos del impacto. Una democracia madura escucha, interpela y transfiere poder a las personas. Y esa es la propuesta: que los barrios decidan cómo vivir, sin ser expulsados de su propio hogar.

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